El Senado de la Nación otorgó media sanción al proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno de Javier Milei, luego de una sesión extensa y de un proceso de negociación que derivó en cambios sustanciales respecto del texto original enviado por el Poder Ejecutivo. El resultado fue un proyecto modificado, pensado para ampliar consensos políticos, que ahora deberá ser tratado por la Cámara de Diputados.
Lejos de una aprobación lineal, el texto que avanzó en el Senado refleja concesiones y ajustes en puntos sensibles del régimen laboral. Para el mundo de Recursos Humanos, se trata de una reforma que, de aprobarse definitivamente, introducirá nuevas reglas de juego en materia de contratación, desvinculación, organización del tiempo de trabajo y negociación colectiva.
Uno de los cambios más relevantes se dio en el capítulo de despidos e indemnizaciones. El proyecto aprobado redefine la base de cálculo indemnizatorio, excluyendo conceptos como el aguinaldo y las vacaciones no gozadas, y establece topes vinculados a los convenios colectivos aplicables.
Además, se habilita el pago de la indemnización en cuotas, con esquemas diferenciados según el tamaño de la empresa, una modificación orientada a reducir el impacto financiero inmediato de las desvinculaciones, especialmente en pymes.
Jornada laboral y vacaciones
En relación con la jornada laboral, el texto incorpora mayor flexibilidad mediante acuerdos colectivos o de empresa. Se habilita la posibilidad de extender la jornada diaria hasta 12 horas, siempre que se respeten los descansos legales y se compense el exceso mediante esquemas como el banco de horas. Este punto fue uno de los más negociados durante el debate, y quedó sujeto a acuerdos específicos para su implementación.
El régimen de vacaciones también fue modificado. La norma mantiene la cantidad de días según la antigüedad, pero establece que el período principal para su otorgamiento será entre el 1° de octubre y el 30 de abril, con mayor margen para fraccionarlas por acuerdo entre las partes. Desde la perspectiva de gestión, esto abre la puerta a una planificación más flexible del calendario laboral, aunque exige mayor coordinación interna.
Convenios por empresa y colectivos
Otro eje central es el fortalecimiento de los acuerdos a nivel empresa. El proyecto ratifica la posibilidad de que convenios empresariales o regionales tengan prioridad sobre los convenios de actividad, siempre que respeten los pisos legales.
Al mismo tiempo, se introducen límites a la ultraactividad de los convenios colectivos, lo que obliga a renegociar condiciones una vez vencidos los acuerdos, en lugar de prorrogarlos automáticamente.
En materia sindical, el texto aprobado atenúa algunos de los planteos más duros del proyecto original. Si bien se mantienen cambios en el financiamiento y en el funcionamiento de los sindicatos, se introdujeron precisiones para evitar un impacto abrupto sobre las organizaciones gremiales. También se establecen criterios mínimos de funcionamiento durante medidas de fuerza en actividades consideradas esenciales, un punto que seguirá generando debate político y judicial.
Fondo para indemnizaciones
El proyecto incorpora además la creación de un Fondo de Asistencia Laboral, financiado con aportes de los empleadores, destinado a cubrir indemnizaciones y otras obligaciones derivadas de la relación laboral. Este instrumento busca dar previsibilidad al sistema y reducir litigios, aunque su implementación práctica y su costo efectivo serán claves para evaluar su impacto real.
En el plano político, la media sanción se alcanzó en un contexto de fuerte resistencia sindical y movilizaciones, lo que anticipa un debate complejo en Diputados. Desde el oficialismo sostienen que la reforma apunta a modernizar un marco normativo vigente desde la década del setenta y a reducir la informalidad. Desde la oposición y las centrales gremiales, en cambio, advierten sobre una posible pérdida de derechos y un corrimiento del equilibrio entre empleadores y trabajadores.
Para las áreas de Recursos Humanos, el avance del proyecto obliga a seguir de cerca el trámite legislativo y a comenzar a evaluar escenarios. La eventual aprobación definitiva implicará revisar políticas de desvinculación, esquemas de jornada, modelos de negociación interna y sistemas de control y cumplimiento.
El marco laboral argentino está en proceso de redefinición, y las organizaciones deberán adaptarse a un entorno normativo más flexible, pero también más exigente en términos de gestión.
