El Gobierno comenzó a impulsar una nueva referencia para las negociaciones salariales: que los trabajadores comprendidos en convenios colectivos tengan un ingreso bruto garantizado de al menos $ 1.070.000 mensuales.
La iniciativa parte de la Secretaría de Trabajo, conducida por Julio Cordero, y apunta principalmente a las categorías inferiores de aquellas actividades cuyos salarios quedaron más rezagados. De acuerdo con la información que comenzó a trascender desde la cartera laboral, el monto de referencia para agosto de 2026 equivale a alrededor de $ 860.000 netos, aunque el valor final dependerá de las condiciones de cada trabajador.
La novedad puede prestarse a una confusión importante. El Gobierno no está proponiendo elevar a un millón de pesos el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), que actualmente se ubica en $ 376.600 mensuales para una jornada completa. Se trata de dos mecanismos diferentes.
El nuevo concepto de “salario mínimo garantizado” funcionaría dentro de las negociaciones colectivas: sindicatos y cámaras empresarias deberían acordarlo en cada actividad y posteriormente la Secretaría de Trabajo homologaría esos acuerdos. Es decir, no se trataría de un salario establecido de manera general por el Estado ni de una transferencia financiada con recursos públicos.
Los sectores que están bajo la lupa
Desde Trabajo señalaron que la referencia ya comenzó a ser comunicada especialmente a actividades que cuentan con remuneraciones por debajo del nuevo umbral. Entre las mencionadas oficialmente aparecen Maestranza, Construcción (UOCRA) y Sanidad.
Otras versiones periodísticas amplían el universo de sectores que podrían verse involucrados e incluyen categorías de gastronomía, textiles, calzado, metalúrgicos y trabajadores rurales, entre otros.
La dispersión salarial entre actividades es significativa. El último informe Panorama mensual del trabajo registrado, elaborado por la Secretaría de Trabajo, muestra diferencias importantes tanto en los niveles de remuneración como en la evolución del poder adquisitivo de los distintos convenios.
Los datos correspondientes a marzo de 2026, elaborados sobre la información del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), ubicaban, por ejemplo, la mediana salarial de la construcción en $ 1.001.342, mientras que en gastronomía era de apenas $ 803.991.
En el otro extremo, la mediana del sector bancario alcanzaba los $ 4,39 millones, mientras que distintas actividades vinculadas con el transporte, entidades deportivas y sociales y la industria de la alimentación se acercaban o superaban los $ 2 millones.
El piso de $ 1.070.000 tendría, por lo tanto, un impacto muy diferente según la actividad y la categoría laboral.
Bonos y sumas fijas, una de las alternativas
Uno de los puntos que todavía deberá definirse es cómo se alcanzará ese ingreso mínimo en los convenios que hoy están por debajo.
Entre las alternativas que se analizan aparece la utilización de bonos o sumas fijas para complementar los incrementos porcentuales negociados en las paritarias y llevar las remuneraciones de las categorías inferiores hasta el nuevo umbral.
Este mecanismo permitiría al Gobierno mantener cierta moderación en los porcentajes de aumento de las escalas salariales y, al mismo tiempo, mejorar en mayor medida los ingresos más bajos.
La estrategia también presenta dificultades. Una suma fija tiene proporcionalmente mayor incidencia sobre los salarios inferiores y puede producir un achatamiento de las escalas salariales, reduciendo las diferencias entre categorías. Además, el costo recaería sobre las empresas, incluidas aquellas pertenecientes a sectores que atraviesan una situación de menor actividad.
Precisamente por eso, desde la Secretaría de Trabajo remarcan que no se tratará de una imposición general. Cada acuerdo deberá surgir de la negociación entre empleadores y sindicatos.
Un giro en la política salarial
La iniciativa representa una novedad respecto de la estrategia que el Gobierno sostuvo durante buena parte de los últimos años. La administración de Javier Milei buscó que los incrementos negociados en paritarias acompañaran el proceso de desaceleración de la inflación y evitó homologar acuerdos que consideraba incompatibles con ese objetivo.
Ahora aparece un segundo criterio, que es evitar que las categorías inferiores de determinados convenios queden demasiado rezagadas, incluso aunque eso implique habilitar mejoras superiores a las que surgirían exclusivamente de aplicar un porcentaje mensual de referencia.
Desde Trabajo sostienen que no existe un porcentaje único que deba regir todas las paritarias y que la prioridad continúa siendo que los aumentos salariales no terminen trasladándose a precios.
El Gobierno considera, además, que elevar los salarios inferiores mediante acuerdos entre privados no implica un costo fiscal y confía en que el mecanismo no genere una presión inflacionaria significativa.
Salarios que volvieron a perder frente a los precios
El debate aparece en un momento en el que los ingresos registrados muestran nuevamente dificultades para seguir el ritmo de la inflación. Según el informe de la propia Secretaría de Trabajo, el salario promedio del empleo privado registrado cayó 0,9% en términos reales en junio, luego de haber retrocedido 2,9% en mayo, tomando las series desestacionalizadas.
Con esos movimientos, el ingreso real se ubicó por primera vez en veinte meses por debajo del nivel de noviembre de 2023.
El comportamiento, sin embargo, no fue uniforme. Algunos convenios consiguieron mejoras de poder adquisitivo durante el último año, mientras otros quedaron prácticamente empatados con la inflación y un tercer grupo acumuló pérdidas superiores al 10%.
Esa heterogeneidad es precisamente uno de los argumentos detrás de la búsqueda de un nuevo piso para las actividades más rezagadas.
La discusión ocurre en paralelo con la convocatoria del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, que debe volver a discutir el valor del SMVM. Desde agosto, el salario mínimo legal es de $ 376.600 mensuales para quienes cumplen una jornada completa, de acuerdo con la última escala vigente.
La diferencia con los $ 1.070.000 que ahora promueve Trabajo es considerable, pero ambos valores tienen funciones diferentes. El SMVM constituye un piso legal general y también funciona como referencia para determinadas prestaciones y programas. El salario garantizado que analiza el Gobierno, en cambio, estaría vinculado específicamente con los convenios colectivos y las paritarias de cada actividad.
El propio Gobierno sostiene que actualmente una proporción muy pequeña de los trabajadores registrados cobra por debajo del SMVM, justamente porque la mayoría de los empleados formales se encuentra alcanzada por convenios que fijan remuneraciones superiores.
El desafío de elevar el piso sin afectar el empleo
La discusión que se abre a partir de ahora no será solamente salarial. Para los sindicatos, el nuevo parámetro puede convertirse en una herramienta para recuperar ingresos en actividades que quedaron rezagadas frente a la inflación. Para las empresas, en cambio, la posibilidad de establecer un piso uniforme plantea interrogantes sobre las diferencias de productividad, rentabilidad y nivel de actividad que existen entre sectores.
Allí estará probablemente una de las claves de las próximas paritarias: cómo mejorar los salarios más bajos sin transformar una referencia en un costo imposible de afrontar para empresas o actividades con situaciones económicas muy diferentes.
