El Lenguaje Claro dejó de ser una tendencia filológica para convertirse en una política pública global. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el 78% de los países miembros implementa estrategias de claridad comunicacional en documentos legales y administrativos.
La Universidad de Cambridge estima que el uso de lenguaje claro en normativas y contratos reduce hasta un 40% las consultas o litigios derivados de interpretaciones erróneas. En el ámbito corporativo, un estudio de la Harvard Business Review reveló que las empresas que aplican principios de comunicación clara mejoran en un 25% la comprensión interna de políticas laborales y en un 18 % la satisfacción de los empleados.
En este contexto, el Lenguaje Claro se consolida como una herramienta clave para el acceso a la justicia, la transparencia institucional y el fortalecimiento de la cultura organizacional y la gestión del talento.
De eso sabe bien Fernando Bernabé Rocca, presidente de la Red de Lenguaje Claro Argentina, consultor y formador especializado en políticas públicas de comunicación comprensible, quien fue secretario ejecutivo del Observatorio de Lenguaje Claro de la Facultad de Derecho de la UBA, director general de programas de Investigación y Capacitación del Senado de la Nación, y consultor de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación. Co-dirigió junto a Alejandro Retegui la obra colectiva Lenguaje Claro en Iberoamérica. Principios y Prácticas (Thomson-Reuters, 2024), y participó como expositor en el X Congreso Internacional de la Lengua Española (Arequipa, 2025) y en la II Convención de la Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible (Lima, 2025).
“A partir de los años setenta surge el movimiento del Plain Language en los países anglosajones, Reino Unido y Estados Unidos, principalmente −explica−, y luego en los escandinavos. En el ámbito hispanohablante, los primeros antecedentes aparecen en España a comienzos del siglo XXI y en América Latina hacia la primera década, con México como pionero. Las Cumbres Iberoamericanas de Poderes Judiciales lo incorporaron en su agenda, y desde 2016 comenzaron a formarse redes de Lenguaje Claro en Chile, Argentina, Colombia y Brasil.”
−¿Qué transformaciones hicieron posible que la noción de “Lenguaje Claro” emergiera como una preocupación pública y académica?
−La densidad de relaciones asimétricas entre el Estado y la ciudadanía generó una reacción crítica frente a la complejidad del lenguaje institucional. De allí surge el concepto de Derecho a Comprender, aún no explicitado constitucionalmente, pero derivado de los principios de participación democrática. El modelo de Gobierno Abierto, basado en transparencia, accesibilidad y rendición de cuentas, encontró en el Lenguaje Claro su herramienta transversal. A esto se sumaron la perspectiva de género y el reconocimiento de la hipervulnerabilidad de ciertos grupos sociales, completando un cambio de época.
−¿Cuáles fueron los hitos internacionales que consolidaron el Lenguaje Claro?
−En el mundo anglosajón, los gobiernos de Reino Unido y Estados Unidos impulsaron la publicación de normas oficiales traducidas a lenguaje claro desde los años ochenta, en respuesta a movimientos ciudadanos. En el ámbito hispano, España marcó un punto de inflexión con el concepto de justicia comprensible y el Informe de la Comisión de Modernización del Lenguaje Jurídico del Consejo General del Poder Judicial, que propuso equilibrar precisión técnica y comprensión ciudadana. En América Latina, las Reglas de Brasilia y las Cumbres Iberoamericanas de Justicia posicionaron la claridad como garantía de debido proceso. A partir de allí, las redes nacionales consolidaron la política pública regional.
−¿Qué especificidades tiene el desarrollo del Lenguaje Claro en América Latina y, particularmente, en Argentina?
−América Latina se caracteriza por una vinculación virtuosa entre Estado y Academia, articulada en redes de colaboración horizontal. En la Argentina, la Red de Lenguaje Claro Argentina, creada en 2017, visibilizó y potenció iniciativas institucionales y académicas que avanzaban de forma aislada. Este trabajo conjunto fortaleció el marco jurídico y favoreció la institucionalización del Lenguaje Claro como política pública transversal.
−¿Por qué el lenguaje jurídico se convirtió históricamente en un territorio de opacidad?
−Desde los orígenes del Estado moderno, el lenguaje jurídico se construyó como un territorio de exclusión. Se impuso un discurso críptico, saturado de tecnicismos, latinismos y estructuras gramaticales complejas. Lejos de garantizar autoridad o precisión, generó distancia y desconfianza. El Lenguaje Claro propone revertir esa opacidad mediante la comprensión como forma de justicia: traduce la norma sin banalizarla, humaniza los textos legales y restituye la confianza en las instituciones.
–¿El Lenguaje Claro supone sólo un cambio estilístico o también una transformación institucional más profunda?
−Implica una transformación honda. Es un cambio de paradigma individual y organizacional que parte del reconocimiento del Derecho a Comprender. Favorece la participación ciudadana, optimiza la eficiencia administrativa y redefine la cultura institucional. La claridad no es un adorno; es una forma de ética pública.
−¿Qué tensiones aparecen entre la búsqueda de claridad y la complejidad inherente a ciertos campos del saber, como el derecho o la ciencia?
−El desafío radica en reconfigurar hábitos profesionales y culturales. Poner al destinatario en el centro del mensaje no es común ni en la formación ni en la práctica. En ámbitos donde predomina el tecnicismo, como la justicia o la administración, el Lenguaje Claro obliga a repensar estructuras, procesos y responsabilidades comunicativas.
−¿Cómo se conjugan las exigencias de precisión técnica con la necesidad de comprensibilidad?
−No son excluyentes, sino complementarias. La precisión técnica garantiza rigor; la claridad asegura comprensión. El Lenguaje Claro ayuda a tender puentes: glosarios, notas al pie, explicaciones introductorias o soportes audiovisuales son estrategias que permiten traducir sin distorsionar.
−¿Qué papel desempeñan la educación y la formación profesional en la consolidación del Lenguaje Claro como práctica sostenida?
−La educación es el punto de partida. Debe promover la alfabetización jurídica y comunicacional, tanto en el ciudadano como en el profesional. A nivel universitario, el Lenguaje Claro debería incorporarse desde los primeros años de formación, para que docentes y estudiantes compartan la misma lógica de comprensión y responsabilidad comunicativa.
−En el contexto digital, ¿qué nuevos desafíos enfrenta el Lenguaje Claro ante la multiplicación de formatos, interfaces y algoritmos?
−El gran reto es la adaptación a los nuevos entornos digitales. El Lenguaje Claro nació en el texto escrito, pero hoy debe integrarse en interfaces, plataformas y algoritmos. Como sostiene la investigadora Iria Da Cunha, las claves son la transparencia algorítmica y el análisis público de las herramientas tecnológicas. El futuro del Lenguaje Claro será también el de la comunicación digital responsable.
−¿Existe el riesgo de que el Lenguaje Claro se trivialice o se convierta en una estrategia de marketing institucional?
−No. Hoy existe una comunidad sólida de aprendizaje y práctica, tanto en gobiernos como en universidades. La Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible, creada por la RAE en 2022, ya nuclea a más de 600 organizaciones iberoamericanas. La claridad dejó de ser una moda: es una política pública consolidada.
−¿Qué resistencias persisten?
−Las resistencias iniciales, que sostenían que el Lenguaje Claro empobrece el discurso o resta autoridad, hoy son anecdóticas. Cada vez más profesionales comprenden que la claridad no debilita la técnica, sino que amplía su alcance y legitimidad.
−¿Cómo evalúa la incorporación del Lenguaje Claro en la formación universitaria y en la producción académica?
−Es determinante. La enseñanza del Lenguaje Claro debería ser transversal en los programas de grado y posgrado, tanto para estudiantes como para docentes. Si no se aborda de manera integral, corremos el riesgo de formar profesionales incapaces de comunicar con eficacia.
−Si tuviera que definir el horizonte ético del Lenguaje Claro, ¿cuál sería su principio rector: la comprensión, la transparencia o la justicia comunicativa?
−Elijo la justicia comunicativa, porque integra a las otras dos. La transparencia habilita la comprensión, y la comprensión sostiene la justicia comunicativa. En definitiva, el Lenguaje Claro es una forma contemporánea de garantizar derechos y fortalecer la democracia.
