La litigiosidad por accidentes de trabajo volvió a encender señales de alerta en Argentina. Según datos difundidos por el sector, en marzo se iniciaron 13.260 nuevas demandas contra las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART), un nivel récord para un solo mes, mientras que las proyecciones para 2026 apuntan a más de 138.000 juicios si la tendencia se mantiene.
El dato no pasó inadvertido porque se produce en un contexto en el que la discusión sobre competitividad, costo laboral y generación de empleo volvió a ocupar un lugar central en la agenda empresaria. Para muchas compañías, especialmente PyMEs, el aumento de la litigiosidad no es un fenómeno jurídico aislado sino una variable que impacta en costos, previsibilidad y decisiones de contratación.
El crecimiento interanual de las demandas, estimado en 13%, también reavivó un debate recurrente: si el sistema enfrenta un problema de judicialización creciente que excede la evolución real de los accidentes laborales.
Una preocupación que excede al sistema asegurador
En el sector señalan una paradoja conocida: mientras durante los últimos años mejoraron indicadores de prevención y bajaron muchos índices de siniestralidad grave, la conflictividad judicial no acompañó esa tendencia. Ese desacople es el que alimenta la preocupación de empleadores, aseguradoras y especialistas en derecho laboral. No se trata sólo del volumen de juicios, sino del efecto que puede generar sobre el conjunto del sistema.
Las ART vienen advirtiendo que una litigiosidad persistentemente alta presiona sobre las alícuotas, incrementa costos para las empresas y erosiona previsibilidad. En sectores intensivos en mano de obra, ese factor puede volverse particularmente sensible.
El tema también reingresó en la discusión judicial. En las últimas semanas hubo movimientos orientados a revisar criterios vinculados a indemnizaciones consideradas desproporcionadas, un punto que agrega tensión al debate.
Impacto en empleo y competitividad
Para el mundo del trabajo, la cuestión trasciende una discusión técnica. El costo del empleo formal en Argentina está compuesto por múltiples capas (salarios, contribuciones, cargas regulatorias, costos no salariales) y la litigiosidad suele aparecer como una de las variables menos visibles pero más relevantes.
Por eso el fenómeno es observado también desde las áreas de Recursos Humanos, especialmente en empresas que intentan expandir dotaciones o sostener planes de inversión. En un escenario donde distintos sectores buscan generar empleo registrado, la previsibilidad regulatoria y judicial aparece cada vez más como parte de la ecuación.
No es casual que el tema reaparezca cuando se discute productividad, reformas laborales o clima de negocios.
El debate de fondo
Detrás de los números asoma una discusión más amplia sobre cómo equilibrar protección del trabajador, prevención de riesgos y sustentabilidad del sistema.
Quienes cuestionan el actual nivel de litigiosidad sostienen que una dinámica judicial desbordada puede terminar afectando justamente aquello que busca proteger, si desalienta formalidad o encarece contratación. Otros recuerdan que cualquier análisis debe preservar derechos y evitar lecturas puramente economicistas.
Entre ambas posiciones se abre una discusión que probablemente gane intensidad: si hacen falta ajustes procesales, mejoras en peritajes, revisión de criterios indemnizatorios o nuevas herramientas para reducir conflictividad. Por ahora, el dato concreto es que los juicios siguen creciendo.
Y con ellos vuelve una pregunta incómoda para el mercado laboral argentino: cuánto puede impactar la litigiosidad sobre la capacidad de generar más empleo formal en una economía que necesita precisamente lo contrario.
