En las últimas semanas, el debate sobre la “industria del juicio laboral” volvió a ocupar el centro de la escena empresaria argentina. Detrás hay números que hablan de un sistema crecientemente judicializado y un stock de causas que desborda la capacidad de respuesta de los tribunales. Para las pymes −que concentran la mayor parte del empleo privado− el impacto puede ser letal: la combinación de incertidumbre legal, montos imprevisibles y plazos largos erosiona capital de trabajo, desalienta la creación de puestos y, en casos extremos, precipita cierres.
Las cifras más sólidas provienen del universo de Riesgos del Trabajo (ART), el segmento donde mejor se mide la litigiosidad. La Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) registra que en julio de 2025 se notificaron 8570 juicios, por encima de los 7657 de julio de 2024 y los 6044 de julio de 2023: una escalada sostenida. En paralelo, la UART −la cámara de aseguradoras del sistema − proyectó para este año más de 130.000 nuevas demandas, un récord histórico que consolidaría el salto observado en 2024.
Ese caudal de expedientes se acumula. Informes de prensa con base en datos oficiales de la SRT señalaron que hacia noviembre de 2024 el stock de juicios laborales en curso rondaba los 300.000, una mochila que prolonga tiempos y costos para todos los actores. La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, a su vez, publica estadísticas periódicas: sólo en marzo de 2024 dictó 3542 sentencias definitivas y tenía más de 17.000 causas “a despacho”, volumen que explica por qué muchos procesos se extienden durante años.
Topes a intereses
Entidades como CAME vienen reclamando “un régimen sancionatorio acorde al tamaño empresario”, que reduzca o reoriente multas y evite que integren el capital de condena,
además de límites más claros a reclamos por deficiencias de registración muy antiguas. También proponen topes a los intereses y una simplificación del sistema de peritajes, especialmente en los casos de ART, donde las demoras y costos suelen ser determinantes.
El impacto económico agregado es difícil de calcular con precisión −la heterogeneidad de casos, fueros y criterios complica las estimaciones −, pero distintos relevamientos periodísticos, basados en proyecciones de UART, cifran en billones de pesos anuales el flujo asociado a la litigiosidad laboral y estiman que en 2025 el sistema “mueve” varios millones de pesos por minuto, reflejo de la magnitud del fenómeno.
Más allá de la cifra, el dato relevante para las pymes es la volatilidad: a igualdad de hecho generador, dos sentencias pueden divergir sustancialmente por criterios periciales o de actualización, algo que definen como “discrecionalidad” pese a las recomendaciones de la Corte, y que vuelve impredecible el costo de terminar un conflicto.
La voz de los abogados
¿Hay matices frente a la idea de “industria del juicio”? Sí. El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal recuerda que, según las propias estadísticas del fuero, la litigiosidad no “se disparó sin control” y que una parte del problema es de gestión judicial (recursos, organización, tecnología), no sólo de “incentivos a demandar”.
El dato duro: miles de sentencias por mes conviven con un stock estructural elevado. Ese cuello de botella castiga también al trabajador que reclama: esperar años para cobrar no es una victoria. Pero para el empleador pyme, el “costo del tiempo” −intereses, honorarios, contingencias contables− puede volverse asfixiante.
En este marco, ¿qué puede cambiar con una reforma laboral? La “Ley Bases” de 2024 introdujo una pieza relevante: la posibilidad de que empleadores y sindicatos sustituyan la indemnización del artículo 245 de la LCT por un Fondo o Sistema de Cese Laboral, mecanismo que, bien diseñado, otorga previsibilidad y reduce la conflictividad al final de la relación.
Más propuestas
A futuro, distintos borradores y propuestas del sector empresario suman otras llaves: topes y pautas claras para intereses y actualizaciones; delimitación de plazos para cuestionar registraciones; fortalecimiento de peritajes médicos especializadas (clave en ART) y vías alternativas de resolución de conflictos que descarguen a los juzgados.
CAME, por ejemplo, impulsa una revisión integral del esquema de multas para pymes y la creación de un tribunal administrativo que funcione como instancia previa, capaz de resolver reclamos menores sin llegar a juicio. La UART, en tanto, pide consolidar la actuación de las Comisiones Médicas como instancia definitiva, con fallos vinculantes y plazos estrictos.
Mientras tanto, ¿qué pueden hacer las empresas?
Tres líneas aparecen como prioritarias: gestión preventiva −protocolos de seguridad y salud, capacitación y documentación impecable de procesos−, porque en ART la pericia técnica pesa;
compliance laboral y registración prolija −categorías, jornadas, convenios, recibos − para reducir el frente de reclamos típicos; y seguros o provisiones contables que contemplen el “riesgo juicio”, con auditorías externas periódicas.
Nada de esto blinda al 100%, pero acota incertidumbre y, sobre todo, mejora la posición probatoria si el conflicto llega a tribunales.
El desafío es doble: reducir la siniestralidad real (menos accidentes, mejores prácticas) y, al mismo tiempo, alinear incentivos para que el litigio deje de ser la salida por defecto. Un esquema con reglas previsibles, intereses razonables y mecanismos de resolución más ágiles puede bajar el termómetro sin recortar derechos. Para una pyme, esa previsibilidad vale oro: es la diferencia entre animarse a contratar o resguardarse; entre reinvertir utilidades o destinarlas a contingencias.
